RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INTALADORA AUTORIZADA POR VICIOS O DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA.

Quiero destacar una circular que podemos descargarnos de nuestra federación FENIE referente a las posibles responsabilidades de la empresa instaladora autorizada dimanantes de vicios o defectos en la ejecución de una instalación eléctrica.

“Una de las preguntas que con mayor frecuencia se plantea por la empresas del sector de instalaciones eléctricas a propósito de la ejecución de una instalación eléctrica es la siguiente: ¿Durante cuanto tiempo la empresa instaladora responde por los trabajos de instalación eléctrica ejecutados?, o en parecido sentido, ¿Durante qué periodo de tiempo se extiende la garantía de una instalación eléctrica? Por medio del presente artículo se pretende acercar o aproximar a las empresas instaladoras al régimen jurídico que regula esta materia.

El punto de partida indiscutible debe ser el siguiente: desde el momento en el que una empresa instaladora realiza determinados trabajos de instalación eléctrica de baja tensión lógicamente es responsable de la correcta ejecución de los mismos; ahora bien, ¿durante cuanto tiempo? Para contestar a la pregunta en primer término debe atenderse a la propia naturaleza o etiología de los vicios o defectos que se observen y además debe despejarse la duda relativa a si resulta de aplicación la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio).

Con carácter general, y respecto al plazo de garantía de las instalaciones eléctricas, simplemente indicar que la instalación eléctrica como tal no tiene plazo de garantía alguno, cuestión distinta es que habitualmente las empresas instaladoras electricistas establezcan un plazo de garantía de un año (en ocasiones seis meses) en el contrato de obra que al efectos firmen con el comitente de la instalación (constructor, promotor, contratista principal, etc.), o expresen dicho plazo de garantía en la factura que expiden al cliente. En este caso, el plazo de garantía es aquella que libremente hayan pactado las partes en virtud del contrato de obra que en su caso hayan concertado al amparo del artículo 1544 del Código Civil y de la libertad de las partes para celebrar un contrato y las condiciones que han de regir dicha relación contractual (arts. 1088 Código Civil y ss).

Sin perjuicio de lo anterior y aún cuando los trabajos de instalación eléctrica se ejecuten para una persona física o jurídica que no tenga la condición de consumidor, debe tenerse presente que si se trata de vicios o defectos de la instalación que obedezcan en realidad a una mala ejecución de los trabajos de instalación eléctrica distintos de los derivados del simple uso de la instalación, paso de tiempo, etc., es decir, si se trata en realizad de vicios o defectos graves que impedirían a la instalación eléctrica funcionar correctamente o conforme a la legislación vigente, como por ejemplo si se trata de una instalación contraria al Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, Reglamento publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002, o contraria a cualquier otra norma jurídica, o una mala previsión de cargas, distribución de circuitos, etc., en este supuesto el plazo con el que contaría el comitente de la instalación eléctrica (constructor, promotor, etc.) para reclamar
a la empresa instaladora electricista la correcta ejecución de los trabajos o una reducción del precio proporcional a los vicios o defectos observados es de quince años.
Este plazo de quince años tiene su fundamento legal en el plazo de prescripción de las acciones personales establecido en el artículo 1964 del Código Civil: “… y las acciones personales que no tenga señalado término especial de prescripción a los quince”, siendo de carácter personal las obligaciones dimanantes del contrato de obra a que se refiere el artículo 1544 del mismo cuerpo legal: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por un precio cierto”..

La segunda cuestión a tener en cuenta consiste en determinar si resulta de aplicación a una instalación eléctrica la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio) y consecuentemente las garantías y plazos previstos en la citada norma. En primer término debe observarse para quién se ejecutaron los trabajos de instalación eléctrica, es decir, si se han realizado para un constructor/empresa o para un consumidor, porque en el primer supuesto, es decir, si los trabajos se han ejecutado para un constructor, para otra empresa o en definitiva para una persona física o jurídica que no tenga la consideración de consumidor, a nuestro juicio resulta evidente que no resultaría de aplicación la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo en cuanto a que se trataría de un supuesto excluido de su ámbito de aplicación de conformidad con lo establecido en su artículo 1 relativo a los principios generales de la ley.

Mayores problemas interpretativos plantea la aplicación de la Ley 23/2003 si los trabajos se han ejecutado para un consumidor. Así, de una primera la lectura de la Ley cabría deducir que no resultaría de aplicación la mencionada Ley porque ésta regularía la venta de bienes de consumo y circunscribiría las garantías y plazos en ella previstos a las relaciones que se originarían entre vendedor y consumidor con motivo de la venta de bienes de consumo, definiendo lo que se debe entender por vendedor y consumidor, considerando en su artículo 1 al vendedor como aquella persona física o jurídica que, en el marco de su actividad profesional, vende bienes de consumo; esta idea incluso se reforzaría con la propia exposición de motivos de la Ley 23/2003 en la que se destaca que la Ley va dirigida a regular fundamentalmente a garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa así como articular la garantía comercial que pueda ofrecerse al consumidor, y en definitiva, se refiere siempre a la compraventa en la que intervienen consumidores y al comercio minorista.

No teniendo, las empresas instaladoras electricistas, la condición de comerciantes ni la actividad de venta de bienes bines podría concluirse que no cabría la aplicación de la Ley 23/2003. Pese a cuanto se ha expuesto, entendemos que indirectamente sí puede llegar a aplicarse la Ley de Garantías de Venta de Bienes de Consumo con fundamento en el artículo 3 de la Ley en cuanto en el mismo se establece que “…la falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien se equiparará a la falta de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad …”, piénsese que lo habitual es que la empresa instaladora además de la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en cuestión aporte los materiales, no refiriéndonos respecto a los materiales a cableados, contactores, regletas, cajas o tubo, y similares sino fundamentalmente a los mecanismos de una determinada serie elegida por el cliente-consumidor, o unas lámparas concretas u otro mecanismo de iluminación, el videoportero, acumuladores de calor o cualquier otro elemento de climatización, etc. Desde esta perspectiva, puede pensarse por ejemplo que la empresa instaladora vende unos
determinados acumuladores de calor o radiadores, o mecanismos, o un videoportero y que además se ha encargado de su instalación.

Evidentemente si una empresa instala una calefacción prevista para tarifa nocturna y al mismo tiempo suministra los acumuladores o cualquier otro elemento de calor, que incluso ha sido elegido por el cliente-consumidor entre diferentes posibilidades que se le han ofrecido al cliente-consumidor, la empresa además de la instalación ha vendido los elementos a instalar.

En este sentido además, interesa destacar el resultado de algunas inspecciones efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a empresas de instalaciones eléctricas que contaban con un pequeño escaparate en el que se exhibían los productos a instalar para que el consumidor eligiera: distintos tipos de radiadores, acumuladores de calor, climatizaciones, mecanismos, lámparas, etc. En determinados casos, la AEAT ha llegado a concluir que se trataba de una, aunque mínima, actividad comercial y que en cuanto tal debían dar de alta el comercio con todos los efectos inherentes a tal declaración. A mayor abundamiento, no debe pasar desapercibido que son muchas las empresas instaladoras que además cuentan con un pequeño establecimiento abierto al público en el que se vende material eléctrico e iluminación. Por otra parte, tampoco debe pasar desapercibido que la instalación eléctrica en sí difícilmente necesitará una reparación sino que en su caso, será el aspecto más ornamental de la instalación (lámparas, mecanismos, acumuladores, etc.) el que sí puede plantear problemas de garantía”.

Visto lo anterior, sugiero que en nuestros contratos de obra o servicio e igualmente en las órdenes de trabajo directas, deberemos de especificar muy claramente las responsabilidades a las que nos obligamos, especificando claramente las que se correspondan con la realización de las instalaciones propiamente y las que se puedan relacionar con las aportaciones de los distintos materiales y complementos, que a modo de venta se pueden interpretar según la normativa vigente.