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  • instalacionesfb 8:35 am el December 10, 2009 Permalink | Responder  

    El GOBIERNO PREPARA PARA ENERO UNA FUERTE SUBIDA EN EL RECIBO DE LA LUZ 

    Artículo Publicado el 10-12-09 , por Miguel Á. Patiño en Expansión.com/Empresas

    Aviso para navegantes:

    El Ministerio de Industria ha iniciado los trámites para revisar los precios de la luz a partir del 1 de enero. A juzgar por los datos que maneja, el recibo de la luz podría sufrir fuertes incrementos, e incluso llegar a ser la mayor subida de los últimos años.

    Industria acaba de remitir a la Comisión Nacional de Energía (CNE) el borrador de orden ministerial para actualizar lo que se conoce como tarifas de acceso. Éstas recogen los costes fijos del sistema eléctrico (como la distribución), y representan en torno al 50% del recibo.

    Industria plantea subidas del 14% en esas tarifas para la baja tensión (usuarios domésticos). Es el mayor porcentaje de los que se recuerdan. De mantenerse igual otros componentes (los costes variables, o costes de generación), el recibo subiría en torno al 7%.

    Costes variables

    La parte de los costes variables, en la que influye la evolución de componentes como los precios del petróleo, se determinará en los próximos días. Para su cálculo (muy complejo), se tendrá en cuenta el resultado de la subasta de energía entre compañías comercializadoras que se celebrará el día 15 de este mes.

    Para evitar que el recibo de la luz tenga que subir a partir de enero, los costes variables tendrían que bajar lo suficiente para compensar la fuerte subida de las tarifas de acceso.

    En el sector energético se da por hecho que esto es muy improbable, a pesar de la caída de los precios del petróleo y otras materias primas. Así, lo que se espera es que las tarifas finales que paguen los usuarios por la luz a partir de enero sean significativamente más altas. Incluso se atreven a apuntar incrementos medios de más del 5%, que podrían llegar incluso al 7% para los usuarios domésticos.

    La subida del 14% de media que propone Industria en tarifas de acceso está en línea con lo que planteaba la propia CNE cuando, hace unas semanas, emitió su informe sobre el impacto de las ayudas al carbón nacional que quiere aprobar el Gobierno. La CNE hablaba de subidas de 13,5% para evitar un agujero en el sistema eléctrico (18% si además se incluían las ayudas al carbón).

    Desde 2006, con Zapatero en el Gobierno, la luz ha subido más del 20%, más que la inflación

    La subida del 14% en los precios de acceso es una media en el segmento de baja tensión. Para contratos de potencia reducida (hogares con pocos aparatos conectados), la cifra es del 12,2%. Para mayor potencia (entre 10 y 15 kilovatios, que suele ser habitual entre las pequeñas y medianas empresas), la subida es del 22%. De seguir igual otros componentes, esto podría suponer un impacto en el recibo final de más del 10%. Para la alta tensión (grandes empresas e industrias), la subida media para las tarifas de acceso que se propone es también del 22%, con algunos contratos en los que se llega al 26%.

    En España hay 28,5 millones de contratos de luz (28,4 millones de baja tensión, y 0,1 millones de alta tensión). De los de baja tensión, 22,7 millones tienen los precios fijados en el Boletín Oficial del Estado. En julio, Industria creó el bono social, para que determinados colectivos no sufrieran subidas. Según Industria, ya hay 3 millones de bonos. La subida de enero se sumará a la de junio (2%) y la de comienzos de año (3,5%). En los últimos tres años, con José Luis Rodríguez Zapatero en el Gobierno, la luz ha subido más del 20%, más que la inflación (ver gráfico).

    La CNC ataca las ayudas al carbón
    El Gobierno no para de recibir golpes por sus decisiones energéticas. La Comisión Nacional de Competencia (CNC) dijo ayer que las ayudas al carbón nacional que quiere imponer el Gobierno generan “graves distorsiones” al sistema eléctrico y podría elevar los costes de generación hasta un 20,73%, algo que sufrirán los usuarios.
    La medida, que obliga a las eléctricas a quemar carbón nacional en sus centrales, podría provocar un sobrecoste de 1.200 millones, dice la CNC. El organismo, presidido por Luis Berenguer, concluye que el Gobierno debería “reconsiderar” el decreto, que provoca un “daño desproporcionado” a “la eficiencia de los mercados y sobre el consumidor”, y que incluye medidas “injustificadas y extraordinariamente lesivas del bienestar general”. Las críticas de la CNC se unen a las de la Comisión de Energía hace días.

    En España, hay 28 millones de contratos, de los que 22 millones están bajo tarifa regulada

    Laberinto eléctrico
    1. El actual sistema por el que se fijan las tarifas eléctricas reguladas se inició el pasado 1 de julio, en paralelo al proceso de liberalización eléctrica. Antes, los precios se fijaban trimestralmente. Ahora, se fijan cada seis meses y en parte reflejan la evolución del precio en las materias primas.
    2. La gran contradicción del sistema eléctrico español es que a pesar de que se habla de mercado liberalizado, de los 28 millones de clientes, 22 millones siguen teniendo contratos con precios regulados (tarifa de último recurso), fijados por el Gobierno a través del BOE.
    3. Otro problema del sistema eléctrico es que los precios de la luz han estado, por motivos políticos, por debajo del coste de la electricidad. Por eso, el sistema eléctrico ha generado lo que se llama déficit de tarifa. Industria se propuso acabar con ese déficit de aquí a 2012.
    4. La subida de las tarifas de acceso (que reflejan los costes fijos del sistema, o costes regulados, y suponen en torno al 50% del recibo), es necesaria para cubrir el déficit de tarifa. El objetivo es que el déficit no supere los 3.000 millones en 2010, los 2.000 millones en 2011 y los 1.000 millones en 2012.
    5. A pesar de que el precio de materias primas como el petróleo han bajado, y el coste variable de generar electricidad es más bajo, los costes permanentes, o regulados, han subido por la presión de determinadas, partidas como las primas a las instalaciones de energías renovables.
     
  • instalacionesfb 9:27 pm el December 6, 2009 Permalink | Responder  

    RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INTALADORA AUTORIZADA POR VICIOS O DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

    Quiero destacar una circular que podemos descargarnos de nuestra federación FENIE referente a las posibles responsabilidades de la empresa instaladora autorizada dimanantes de vicios o defectos en la ejecución de una instalación eléctrica.

    “Una de las preguntas que con mayor frecuencia se plantea por la empresas del sector de instalaciones eléctricas a propósito de la ejecución de una instalación eléctrica es la siguiente: ¿Durante cuanto tiempo la empresa instaladora responde por los trabajos de instalación eléctrica ejecutados?, o en parecido sentido, ¿Durante qué periodo de tiempo se extiende la garantía de una instalación eléctrica? Por medio del presente artículo se pretende acercar o aproximar a las empresas instaladoras al régimen jurídico que regula esta materia.

    El punto de partida indiscutible debe ser el siguiente: desde el momento en el que una empresa instaladora realiza determinados trabajos de instalación eléctrica de baja tensión lógicamente es responsable de la correcta ejecución de los mismos; ahora bien, ¿durante cuanto tiempo? Para contestar a la pregunta en primer término debe atenderse a la propia naturaleza o etiología de los vicios o defectos que se observen y además debe despejarse la duda relativa a si resulta de aplicación la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio).

    Con carácter general, y respecto al plazo de garantía de las instalaciones eléctricas, simplemente indicar que la instalación eléctrica como tal no tiene plazo de garantía alguno, cuestión distinta es que habitualmente las empresas instaladoras electricistas establezcan un plazo de garantía de un año (en ocasiones seis meses) en el contrato de obra que al efectos firmen con el comitente de la instalación (constructor, promotor, contratista principal, etc.), o expresen dicho plazo de garantía en la factura que expiden al cliente. En este caso, el plazo de garantía es aquella que libremente hayan pactado las partes en virtud del contrato de obra que en su caso hayan concertado al amparo del artículo 1544 del Código Civil y de la libertad de las partes para celebrar un contrato y las condiciones que han de regir dicha relación contractual (arts. 1088 Código Civil y ss).

    Sin perjuicio de lo anterior y aún cuando los trabajos de instalación eléctrica se ejecuten para una persona física o jurídica que no tenga la condición de consumidor, debe tenerse presente que si se trata de vicios o defectos de la instalación que obedezcan en realidad a una mala ejecución de los trabajos de instalación eléctrica distintos de los derivados del simple uso de la instalación, paso de tiempo, etc., es decir, si se trata en realizad de vicios o defectos graves que impedirían a la instalación eléctrica funcionar correctamente o conforme a la legislación vigente, como por ejemplo si se trata de una instalación contraria al Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, Reglamento publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002, o contraria a cualquier otra norma jurídica, o una mala previsión de cargas, distribución de circuitos, etc., en este supuesto el plazo con el que contaría el comitente de la instalación eléctrica (constructor, promotor, etc.) para reclamar
    a la empresa instaladora electricista la correcta ejecución de los trabajos o una reducción del precio proporcional a los vicios o defectos observados es de quince años.
    Este plazo de quince años tiene su fundamento legal en el plazo de prescripción de las acciones personales establecido en el artículo 1964 del Código Civil: “… y las acciones personales que no tenga señalado término especial de prescripción a los quince”, siendo de carácter personal las obligaciones dimanantes del contrato de obra a que se refiere el artículo 1544 del mismo cuerpo legal: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por un precio cierto”..

    La segunda cuestión a tener en cuenta consiste en determinar si resulta de aplicación a una instalación eléctrica la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio) y consecuentemente las garantías y plazos previstos en la citada norma. En primer término debe observarse para quién se ejecutaron los trabajos de instalación eléctrica, es decir, si se han realizado para un constructor/empresa o para un consumidor, porque en el primer supuesto, es decir, si los trabajos se han ejecutado para un constructor, para otra empresa o en definitiva para una persona física o jurídica que no tenga la consideración de consumidor, a nuestro juicio resulta evidente que no resultaría de aplicación la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo en cuanto a que se trataría de un supuesto excluido de su ámbito de aplicación de conformidad con lo establecido en su artículo 1 relativo a los principios generales de la ley.

    Mayores problemas interpretativos plantea la aplicación de la Ley 23/2003 si los trabajos se han ejecutado para un consumidor. Así, de una primera la lectura de la Ley cabría deducir que no resultaría de aplicación la mencionada Ley porque ésta regularía la venta de bienes de consumo y circunscribiría las garantías y plazos en ella previstos a las relaciones que se originarían entre vendedor y consumidor con motivo de la venta de bienes de consumo, definiendo lo que se debe entender por vendedor y consumidor, considerando en su artículo 1 al vendedor como aquella persona física o jurídica que, en el marco de su actividad profesional, vende bienes de consumo; esta idea incluso se reforzaría con la propia exposición de motivos de la Ley 23/2003 en la que se destaca que la Ley va dirigida a regular fundamentalmente a garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa así como articular la garantía comercial que pueda ofrecerse al consumidor, y en definitiva, se refiere siempre a la compraventa en la que intervienen consumidores y al comercio minorista.

    No teniendo, las empresas instaladoras electricistas, la condición de comerciantes ni la actividad de venta de bienes bines podría concluirse que no cabría la aplicación de la Ley 23/2003. Pese a cuanto se ha expuesto, entendemos que indirectamente sí puede llegar a aplicarse la Ley de Garantías de Venta de Bienes de Consumo con fundamento en el artículo 3 de la Ley en cuanto en el mismo se establece que “…la falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien se equiparará a la falta de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad …”, piénsese que lo habitual es que la empresa instaladora además de la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en cuestión aporte los materiales, no refiriéndonos respecto a los materiales a cableados, contactores, regletas, cajas o tubo, y similares sino fundamentalmente a los mecanismos de una determinada serie elegida por el cliente-consumidor, o unas lámparas concretas u otro mecanismo de iluminación, el videoportero, acumuladores de calor o cualquier otro elemento de climatización, etc. Desde esta perspectiva, puede pensarse por ejemplo que la empresa instaladora vende unos
    determinados acumuladores de calor o radiadores, o mecanismos, o un videoportero y que además se ha encargado de su instalación.

    Evidentemente si una empresa instala una calefacción prevista para tarifa nocturna y al mismo tiempo suministra los acumuladores o cualquier otro elemento de calor, que incluso ha sido elegido por el cliente-consumidor entre diferentes posibilidades que se le han ofrecido al cliente-consumidor, la empresa además de la instalación ha vendido los elementos a instalar.

    En este sentido además, interesa destacar el resultado de algunas inspecciones efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a empresas de instalaciones eléctricas que contaban con un pequeño escaparate en el que se exhibían los productos a instalar para que el consumidor eligiera: distintos tipos de radiadores, acumuladores de calor, climatizaciones, mecanismos, lámparas, etc. En determinados casos, la AEAT ha llegado a concluir que se trataba de una, aunque mínima, actividad comercial y que en cuanto tal debían dar de alta el comercio con todos los efectos inherentes a tal declaración. A mayor abundamiento, no debe pasar desapercibido que son muchas las empresas instaladoras que además cuentan con un pequeño establecimiento abierto al público en el que se vende material eléctrico e iluminación. Por otra parte, tampoco debe pasar desapercibido que la instalación eléctrica en sí difícilmente necesitará una reparación sino que en su caso, será el aspecto más ornamental de la instalación (lámparas, mecanismos, acumuladores, etc.) el que sí puede plantear problemas de garantía”.

    Visto lo anterior, sugiero que en nuestros contratos de obra o servicio e igualmente en las órdenes de trabajo directas, deberemos de especificar muy claramente las responsabilidades a las que nos obligamos, especificando claramente las que se correspondan con la realización de las instalaciones propiamente y las que se puedan relacionar con las aportaciones de los distintos materiales y complementos, que a modo de venta se pueden interpretar según la normativa vigente…

     
  • instalacionesfb 7:44 pm el December 6, 2009 Permalink | Responder  

    RESPONSABILIDAD DE LA EMPRESA INTALADORA AUTORIZADA POR VICIOS O DEFECTOS EN LA EJECUCIÓN DE UNA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

    Quiero destacar una circular que podemos descargarnos de nuestra federación FENIE referente a las posibles responsabilidades de la empresa instaladora autorizada dimanantes de vicios o defectos en la ejecución de una instalación eléctrica.

    “Una de las preguntas que con mayor frecuencia se plantea por la empresas del sector de instalaciones eléctricas a propósito de la ejecución de una instalación eléctrica es la siguiente: ¿Durante cuanto tiempo la empresa instaladora responde por los trabajos de instalación eléctrica ejecutados?, o en parecido sentido, ¿Durante qué periodo de tiempo se extiende la garantía de una instalación eléctrica? Por medio del presente artículo se pretende acercar o aproximar a las empresas instaladoras al régimen jurídico que regula esta materia.

    El punto de partida indiscutible debe ser el siguiente: desde el momento en el que una empresa instaladora realiza determinados trabajos de instalación eléctrica de baja tensión lógicamente es responsable de la correcta ejecución de los mismos; ahora bien, ¿durante cuanto tiempo? Para contestar a la pregunta en primer término debe atenderse a la propia naturaleza o etiología de los vicios o defectos que se observen y además debe despejarse la duda relativa a si resulta de aplicación la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio).

    Con carácter general, y respecto al plazo de garantía de las instalaciones eléctricas, simplemente indicar que la instalación eléctrica como tal no tiene plazo de garantía alguno, cuestión distinta es que habitualmente las empresas instaladoras electricistas establezcan un plazo de garantía de un año (en ocasiones seis meses) en el contrato de obra que al efectos firmen con el comitente de la instalación (constructor, promotor, contratista principal, etc.), o expresen dicho plazo de garantía en la factura que expiden al cliente. En este caso, el plazo de garantía es aquella que libremente hayan pactado las partes en virtud del contrato de obra que en su caso hayan concertado al amparo del artículo 1544 del Código Civil y de la libertad de las partes para celebrar un contrato y las condiciones que han de regir dicha relación contractual (arts. 1088 Código Civil y ss).

    Sin perjuicio de lo anterior y aún cuando los trabajos de instalación eléctrica se ejecuten para una persona física o jurídica que no tenga la condición de consumidor, debe tenerse presente que si se trata de vicios o defectos de la instalación que obedezcan en realidad a una mala ejecución de los trabajos de instalación eléctrica distintos de los derivados del simple uso de la instalación, paso de tiempo, etc., es decir, si se trata en realizad de vicios o defectos graves que impedirían a la instalación eléctrica funcionar correctamente o conforme a la legislación vigente, como por ejemplo si se trata de una instalación contraria al Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el vigente Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias, Reglamento publicado en el BOE de 18 de septiembre de 2002, o contraria a cualquier otra norma jurídica, o una mala previsión de cargas, distribución de circuitos, etc., en este supuesto el plazo con el que contaría el comitente de la instalación eléctrica (constructor, promotor, etc.) para reclamar
    a la empresa instaladora electricista la correcta ejecución de los trabajos o una reducción del precio proporcional a los vicios o defectos observados es de quince años.
    Este plazo de quince años tiene su fundamento legal en el plazo de prescripción de las acciones personales establecido en el artículo 1964 del Código Civil: “… y las acciones personales que no tenga señalado término especial de prescripción a los quince”, siendo de carácter personal las obligaciones dimanantes del contrato de obra a que se refiere el artículo 1544 del mismo cuerpo legal: “En el arrendamiento de obras o servicios, una de las partes se obliga a ejecutar una obra o a prestar a la otra un servicio por un precio cierto”..

    La segunda cuestión a tener en cuenta consiste en determinar si resulta de aplicación a una instalación eléctrica la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo (Ley 23/2003, de 10 de julio) y consecuentemente las garantías y plazos previstos en la citada norma. En primer término debe observarse para quién se ejecutaron los trabajos de instalación eléctrica, es decir, si se han realizado para un constructor/empresa o para un consumidor, porque en el primer supuesto, es decir, si los trabajos se han ejecutado para un constructor, para otra empresa o en definitiva para una persona física o jurídica que no tenga la consideración de consumidor, a nuestro juicio resulta evidente que no resultaría de aplicación la Ley de garantías en la venta de bienes de consumo en cuanto a que se trataría de un supuesto excluido de su ámbito de aplicación de conformidad con lo establecido en su artículo 1 relativo a los principios generales de la ley.

    Mayores problemas interpretativos plantea la aplicación de la Ley 23/2003 si los trabajos se han ejecutado para un consumidor. Así, de una primera la lectura de la Ley cabría deducir que no resultaría de aplicación la mencionada Ley porque ésta regularía la venta de bienes de consumo y circunscribiría las garantías y plazos en ella previstos a las relaciones que se originarían entre vendedor y consumidor con motivo de la venta de bienes de consumo, definiendo lo que se debe entender por vendedor y consumidor, considerando en su artículo 1 al vendedor como aquella persona física o jurídica que, en el marco de su actividad profesional, vende bienes de consumo; esta idea incluso se reforzaría con la propia exposición de motivos de la Ley 23/2003 en la que se destaca que la Ley va dirigida a regular fundamentalmente a garantizar la conformidad de los bienes con el contrato de compraventa así como articular la garantía comercial que pueda ofrecerse al consumidor, y en definitiva, se refiere siempre a la compraventa en la que intervienen consumidores y al comercio minorista.

    No teniendo, las empresas instaladoras electricistas, la condición de comerciantes ni la actividad de venta de bienes bines podría concluirse que no cabría la aplicación de la Ley 23/2003. Pese a cuanto se ha expuesto, entendemos que indirectamente sí puede llegar a aplicarse la Ley de Garantías de Venta de Bienes de Consumo con fundamento en el artículo 3 de la Ley en cuanto en el mismo se establece que “…la falta de conformidad que resulte de una incorrecta instalación del bien se equiparará a la falta de conformidad del bien cuando la instalación esté incluida en el contrato de compraventa y haya sido realizada por el vendedor o bajo su responsabilidad …”, piénsese que lo habitual es que la empresa instaladora además de la ejecución de los trabajos de instalación eléctrica en cuestión aporte los materiales, no refiriéndonos respecto a los materiales a cableados, contactores, regletas, cajas o tubo, y similares sino fundamentalmente a los mecanismos de una determinada serie elegida por el cliente-consumidor, o unas lámparas concretas u otro mecanismo de iluminación, el videoportero, acumuladores de calor o cualquier otro elemento de climatización, etc. Desde esta perspectiva, puede pensarse por ejemplo que la empresa instaladora vende unos
    determinados acumuladores de calor o radiadores, o mecanismos, o un videoportero y que además se ha encargado de su instalación.

    Evidentemente si una empresa instala una calefacción prevista para tarifa nocturna y al mismo tiempo suministra los acumuladores o cualquier otro elemento de calor, que incluso ha sido elegido por el cliente-consumidor entre diferentes posibilidades que se le han ofrecido al cliente-consumidor, la empresa además de la instalación ha vendido los elementos a instalar.

    En este sentido además, interesa destacar el resultado de algunas inspecciones efectuadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria a empresas de instalaciones eléctricas que contaban con un pequeño escaparate en el que se exhibían los productos a instalar para que el consumidor eligiera: distintos tipos de radiadores, acumuladores de calor, climatizaciones, mecanismos, lámparas, etc. En determinados casos, la AEAT ha llegado a concluir que se trataba de una, aunque mínima, actividad comercial y que en cuanto tal debían dar de alta el comercio con todos los efectos inherentes a tal declaración. A mayor abundamiento, no debe pasar desapercibido que son muchas las empresas instaladoras que además cuentan con un pequeño establecimiento abierto al público en el que se vende material eléctrico e iluminación. Por otra parte, tampoco debe pasar desapercibido que la instalación eléctrica en sí difícilmente necesitará una reparación sino que en su caso, será el aspecto más ornamental de la instalación (lámparas, mecanismos, acumuladores, etc.) el que sí puede plantear problemas de garantía”.

    Visto lo anterior, sugiero que en nuestros contratos de obra o servicio e igualmente en las órdenes de trabajo directas, deberemos de especificar muy claramente las responsabilidades a las que nos obligamos, especificando claramente las que se correspondan con la realización de las instalaciones propiamente y las que se puedan relacionar con las aportaciones de los distintos materiales y complementos, que a modo de venta se pueden interpretar según la normativa vigente.

     
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